¿Vender a la plantilla o a un Fondo? El reto de los 600.000 empleos anuales.
Gracias a LinkedIn Noticias y a Ana Muñoz Vita por poner el foco en la brecha generacional de la pyme europea.
El dato es contundente: un tercio de los dueños se jubila y 600.000 empleos anuales están en juego. Que los empleados adquieran la empresa (Employee Buy-Out) es una gran solución para salvar el legado, pero la propuesta desliza un riesgo jurídico importante: la intención de penalizar la venta a fondos de inversión.
Como abogado de negocios, mi visión ante esta futura norma anunciada por el Ministerio de Trabajo (que hoy es propuesta académica), es la siguiente:
SÍ al incentivo: potenciar la Economía Social con las herramientas que ya tenemos y funcionan (Sociedades Laborales y Cooperativas) es la vía correcta. Pero CUIDADO con la restricción: penalizar la venta a terceros (Fondos) podría vulnerar la libertad de empresa y devaluar artificialmente las compañías, atrapando al empresario en su jubilación.
Para pasar de la intención política a la realidad de mercado, necesitamos 3 claves:
1. Financiación: avales públicos reales para que la plantilla pueda pagar un precio justo.
2. Gestión: convertir empleados en socios requiere profesionalizar la transición.
3. Libertad: el relevo debe ser una opción atractiva, no una imposición por falta de salida al mercado.
El objetivo debe ser salvar el tejido empresarial, no intervenirlo.
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Un tercio de los propietarios de las pymes europeas se jubilará en la próxima década, lo que podría poner en peligro alrededor de 600.000 empleos cada año, según un informe encargado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este estudio funcionará como base para una futura ley que fomente que los propios empleados puedan comprar una empresa familiar cuando no haya un heredero que quiera o pueda tomar las riendas del negocio tras la jubilación.
Esta obligación deberá ir acompañada de medidas públicas para que los trabajadores puedan asumir este desembolso, así como de rebajas fiscales a las empresas que apliquen la norma. En el lado contrario, se penalizará a las compañías que se decanten por la venta a fondos de inversión. Otro de los incentivos que proponen los encargados del informe es tener en cuenta esto como uno de los criterios para la contratación pública.
Por el momento la propuesta es meramente académica y el Ministerio se ha limitado a comunicar su intención de abrir una mesa de diálogo con la patronal y los sindicatos, sin fecha.
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